La Ley de Apoyo Humanitaria, que entró en vigencia desde ayer, trae algunos beneficios extras a los que ya se habían establecido para los consumidores de servicios públicos como agua, luz, telecomunicaciones e internet.
El principal es que no se incrementarán valores, tarifas o tasas de servicios. Esta medida se aplica para instituciones públicas o para las que entregan los servicios por delegación o de manera privada.
Además, que no habrá cortes por falta de pago mientras dure el estado de excepción e incluso dos meses después de que este concluya.
Pero además la ley establece que en el plazo de 30 días después de su vigencia, estas empresas iniciarán el cobro mensual de los valores de estos servicios, divididos en doce cuotas iguales y sin intereses, multas ni recargos.
Según Bolívar Lucio, hasta ayer director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), las normas que plantea la ley son parecidas, “por no decir idénticas”, a las que ya se habían planteado en resoluciones anteriores de la institución y que ya regían.
No se ha pensado en un incremento de tarifas, y se mantenía la tarifa de la dignidad y una especial para los que consumen más de 500 kilovatios hora por mes, que queda en 10,5 centavos.
Las empresas eléctricas tenían previsto ya celebrar convenios para el pago del consumo durante el confinamiento en doce meses. Preveían iniciar el cobro en junio, pero ahora será luego de un mes de entrada en vigencia, es decir, hacia finales de julio.
El mayor cambio está en la baja del 10 % en la tarifa de la dignidad. Ya no costará 4 centavos de dólar el kilovatio hora, sino 3,60 centavos. Quienes estaban en ese rango también se benefician de la resolución de Arconel que indicaba que si las personas de la tarifa de la dignidad llegaran a sobrepasar el techo que les permite ser beneficiarios, continuarán con la tarifa preferencial.
Armando Cifuentes, gerente comercial de la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito (Emaps), explicó que la ley cambia de manera puntual ciertos beneficios que ya estaban establecidos debido a la pandemia del COVID-19.
Por ejemplo, explica que la empresa no tenía previsto subir el tarifario. Se mantiene el mismo que es de 0 a 11 metros cúbicos, una tarifa de 31 centavos por metro; de 12 a 18 metros cúbicos, 43 centavos, y de más de 18 metros cúbicos una tarifa fija de 72 centavos.
Los convenios de pago a doce meses ya se estaban celebrando con los ciudadanos que lo habían solicitado. Sin embargo, en los nuevos se establece que no se cobrarán intereses ni multas, lo cual sí constituye una diferencia, debido a que en los anteriores sí se fijaba un interés de financiamiento.
La Ley de Apoyo Humanitario no soluciona el tema de las quejas de los usuarios por una mayor facturación tanto en agua como en luz. En estos días, ciudadanos han reclamado debido a que hay cobros que consideran excesivos.
Según Cifuentes, debido a la declaratoria de estado de emergencia, las empresas de servicios no pudieron medir el consumo y facturaron a través de un estimativo. Este estimativo, que es promedio de seis meses de consumo, consta en la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, ahora con semáforo amarillo en la capital, se han retomado las mediciones físicas y se ha comprobado un mayor consumo.
Para el directivo es lógico que haya un aumento, sobre todo en los hogares en que la gente se ha debido confinar.
Al 20 de junio la Empresa de Agua de Quito ha hecho 317 233 lecturas de un universo de 651 733. Lo que se halló es que hubo un incremento del 22 % en metros cúbicos.
El mismo caso se vive con las empresas eléctricas que iniciaron el cobro con facturación real. En caso de haber un cobro por encima de lo realmente consumido, los ciudadanos recibirán notas de crédito.
Más detalles
Menor recaudación afecta a empresas Los beneficios a los ciudadanos pueden generar problemas de liquidez a las empresas que dejan de realizar los cobros. En el caso de la Empresa de Agua Potable, entre enero y junio, se han dejado de cobrar $1,5 millones con respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, confía en la buena cultura de pago de los quiteños. Sobre el tema, Bolívar Lucio, director de Arconel, dijo que para las empresas es fatal no poder hacer los cobros, pero dice que es necesario por la emergencia.
Defensoría del Pueblo logra medida cautelar Una jueza aceptó en estos días el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) de Guayas y Los Ríos, y dejó sin efecto las facturas que han sido sujetas a reclamo. Además, “que se abstengan de suspender el servicio de energía eléctrica por las planillas emitidas en los meses de abril, mayo y junio del 2020”. Sin embargo, la imposibilidad de cortar el servicio ya se establecía en resoluciones previas y en la Ley de Apoyo Humanitario.
Servicios de internet se deben mantener La Ley de Apoyo Humanitario establece que las compañías proveedoras del servicio de internet garantizarán la prestación del servicio y mantendrán, como mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales, así como la calidad del servicio. En la norma, que rige desde ayer, se indica que “esta disposición no dará derecho a ningún tipo de indemnización, compensación o pago a los concesionarios de servicios públicos, ni aun en los casos en los que contractualmente se hayan estipulado reajustes de tarifas o precios”.
Comments